Todos los programas de los partidos con representación
parlamentaria tienen dos cosas en común: más gasto y más impuestos, aunque traten por activa y por pasiva de
decir lo contrario.
Los autónomos verán incrementadas brutalmente sus
cotizaciones sociales, y no solo eso, los partidos mantienen íntegro
el caos autonómico que es la administración más ineficiente de cualquier país
de la OCDE. Realmente
es penoso ver que la medida estrella que Ciudadanos haya impuesto al PSOE sea suprimir
las diputaciones (http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-02-24/sanchez-y-rivera-anuncian-un-pacto-de-gobierno-con-reformas-imposibles-sin-el-pp_1157584/),
una tradición en nuestra historia que fundamenta su existencia en la
coordinación de la actuación de los municipios, cuando lo que realmente hay que
hacer es acabar con el sistema autonómico que representa un
despilfarro anual de 100.000 millones de euros (pues si no lo hacemos nosotros
por voluntad lo hará la UE
cuando nos intervenga, algo que está bastante más próximo de lo que algunos
piensan), y no ahorrar los 5.000 millones de las diputaciones, que es
una auténtica minucia.
Todo esto consecuencia de una generación política (a imagen
de la población por cierto) más ignorante, corrupta e ineficaz de la
historia de nuestro país.
Unos políticos que defienden la destrucción política y
económica de España, que supone un modelo de Estado incontrolable, y
desconocen las cifras y los hechos más básicos. Socialistas y Ciudadanos dicen
que si Bruselas les obliga a recortar gasto en 8.000 millones (para mí que el
recorte será superior, pues hay que añadir el desfase de 10.000 millones que el
estadista de Mariano Rajoy le ha dejado en herencia al siguiente gobierno),
tendrán que subir los impuestos a los ricos. ¿Realmente alguien se traga
esta mentira? Parece que sí. ¿Es que de un presupuesto de gasto plagado de
duplicidades, entes y sociedades inútiles y con miles y miles de enchufados no
hay un solo sitio donde recortar esos millones?
El problema es que encima mienten. Presumen de crecimiento
económico cuando realmente es lo contrario. Diré unas cifras. El mentiroso
compulsivo de De Guindos (sí, sí, ya ni siquiera sus "socios"
europeos se creen lo que les dice, es más en la última reunión se llevó un
auténtico rapapolvo), da una cifra de un crecimiento del 3,2 % en 2015, pero
este es falso. El desplome del crecimiento del empleo en la EPA en el cuarto trimestre y
otros indicadores muestran que el crecimiento del PIB se ha desacelerado
al 1,2/1,6% en tasa anual. El consumo de energía eléctrica corregido de
estacionalidad y temperatura ha caído un -3,2% en enero. El consumo aparente de
cemento, un -1,1% en enero. El indicador de confianza industrial, un -2,7% en
febrero. El indicador de confianza del consumidor, un -1,4% en febrero.
Es vergonzoso como el Eurostat, no comprueba la veracidad de
las cifras que le son enviadas por los estados miembros y se comporta como un
oficina de correos. El Eurostat ya dio por buenas las cifras que enviaba el
gobierno griego, y luego pasó lo que pasó. Si hubiera cumplido su obligación
como departamento estadístico y científico, el tema griego se hubiera cortado
desde el principio y el desastre no hubiera sido tan serio (y tan penoso para
el propio pueblo griego).
El caso de España es igual, pero unas cuantas veces más
grave (de hecho tenemos unas cuatro Grecias metidas dentro). Y lo peor es que o
no se enteran o no se quieren dar por enterados. Las cifras del Banco de España
no tienen registro contable alguno, mientras que las del INE están cuadradas a
martillazos. Desde 2008 la contabilidad nacional en España ha sido manipulada,
en donde y a consecuencia de ello, la cifra del PIB está sobrevalorada e
inflada (algunos la cifran en una sobrevaloración de un 20%).
Economistas como Juan Carlos Barba, Juan Laborda, Juan Ramón
Rallo, Luis Riestra Delgado o Jesús Sánchez Quiñones (economistas realmente
independientes y por ello, vetados en las tertulias de la televisión pública)
explican que en 2008 se rompió la correlación entre actividad y PIB, siendo
la brecha cada vez mayor y que la contabilidad nacional no se corresponde con la
realidad. Añadiendo que mientras la demanda interna ha caído un 16,7% entre
2009 y 2014, el PIB apenas lo ha hecho en un 7,7%.
DATOS.
Primero, tenemos la presión fiscal. En 2007 era de un 38% sobre el PIB, pero en
2015 tras la mayor subida de impuestos de la historia contemporánea, resulta
que ha caído a un 34%. Tal fraude se comprende si entendemos que el PIB está
inflado y con algunas partidas de dudosa moralidad (como la contabilización de
actividades delictivas, tales como narcotráfico, economía sumergida o trata de
blancas).
Los datos de
indicadores de actividad que en suma deberían coincidir con el PIB (pues son
las partes en que éste se divide). Cosa que no ocurre desde 2008. Estudios
independientes sobre sectores como la construcción, la industria o los servicios
de mercado hacen que el PIB real sea un 20% inferior al oficial. En otras
palabras, el PIB que da el gobierno está inflado.
La correlación existente con el desempleo no coincide con el
PIB. En otros países, incrementos del paro similares han hecho caer al PIB
(pues como es conocido la relación entre el paro y el PIB es negativa en
sentido contrario: cuando uno sube el otro baja) frente al cero de España. El
PIB de 2015 es igual al de 2007 algo que es imposible.
Y la cuarta sería la relación entre PIB y consumo de gasóleo
o de electricidad. Con una correlación estrecha, ambos confirman la diferencia
del 20%.
Y lo que es peor otros parámetros como las ventas minoristas
y mayoristas, no coinciden con la cifra del PIB.
¿Cómo es posible que Eurostat pase por alto hechos
indiscutibles y no realice una auditoría?
Las consecuencias de este engaño son enormes. Al ser el PIB
real inferior al oficial muchas cifras comparativas están sobrevaloradas. La
presión fiscal es del 43% del PIB, nueve puntos más alta que la oficial; el
gasto público, un 53% del PIB (el más alto de la UE ); la deuda computable, del 125% (26
puntos más), y la deuda total, del 178%, algo imposible de devolver.
La realidad es que España está quebrada y necesita un
rescate. Cuando los mercados sean conscientes del engaño, como ocurrió con
Grecia, nos llevaremos por delante al euro (y quien sabe si también
a la propia Unión Europea) porque la economía española es seis veces mayor que
la griega. El problema es que un rescate de esa dimensión es casi imposible,
razón por la que Merkel convenció a Rajoy en 2012 de no
pedirlo, ofreciéndole a cambio dinero sin límite del BCE, y este insensato nos
endeudaría en 500.000 millones.
GASTO SIN CONTROL
El gasto total descentralizado, excluyendo la Seguridad Social ,
es decir, el gasto correspondiente a Comunidades Autónomas y Entidades locales
es del 69% del gasto total: según cifras del propio gobierno, de unos 230.000
millones de euros. Ni siquiera en un estado federal la cifra de gasto es tan
alta (a lo sumo llega a un 40% del gasto total). Esto es una fragmentación
autodestructiva del propio Estado, en donde cada Comunidad Autónoma actúa como
un estado independiente, pero con descontrol total (a pesar de la promesa de
Montoro de intervenir las comunidades que no cumplieran con el déficit). Y de
aquí vienen todos los desmanes, despilfarros, disfuncionalidades administrativas
y de corrupción que están destruyendo nuestro país, con un coste (el
autonómico) cifrado en unos 164.000 millones, un coste inasumible y encima con
unos servicios públicos manifiestamente mejorables. 17 estados en manos de
irresponsables, incompetentes y corruptos, sin obligación de dar cuenta a nadie
de sus actos.
Pero claro, la culpa es de Madrid. Realmente cierto. Porque es
el Estado el que ha dejado totalmente sus funciones. Creando un fondo de liquidez
para entregar dinero sin intereses y sin control alguno. De los 185.000 del FLA,
un 40% se lo han quedad los independentistas catalanes. ¡Gracias Rajoy! Todo
para financiar el despilfarro y la corrupción, y donde se exacerba todo lo
que nos desune. Y más de 100.000 leyes y reglamentos, en que
trabajan 300.000 personas para inventar, implantar y controlar la desunión. La comunidades
autónomas y entidades locales tienen hoy el 81% del personal, y para
seleccionarlo se ha desechado el sistema de oposiciones, sustituido por
'contratación directa'.
La cosa pinta fea.
JIV
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