Formar una familia es un sacrificio que merece la pena en la mayoría de países europeos... salvo en España. Ésta es la triste conclusión a la que llega el informe de la Evolución de la Familia en Europa 2009, elaborado por el Instituto de Política FamiliarLas cifras reflejan un mal endémico de nuestro país, pues como señala Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar es “el que los que menos ayudas destina a las familias en la UE”.
El Producto Interior Bruto es uno de los indicadores más certeros utilizados para medir estos ratios de ayuda a la familia. La media europea destinada a la familia es del 2,1 por ciento del PIB. Sin embargo, España, Portugal e Italia apenas destinan un 1,2 por ciento, lo que les sitúan en el furgón de cola de la UE-15 (Los países más importantes de la unión). Más lejanos incluso quedan países como Dinamarca y Luxemburgo, con un 3,7 y un 3,4 por ciento, respectivamente.
En cuanto a las prestaciones al año por persona no mejoran los datos con respecto a España. La media europea se sitúa en torno a 465 euros al año. En España caemos a los 212 euros, (téngase en cuenta que en España no solo dependen las ayudas del Estado, sino también de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, por lo que hay tres administraciones por tanto). De hecho, dentro de la UE-15, sólo superamos a Portugal, que destina 151 euros. Encabezando el ranking, se sitúan Luxemburgo (2.158 euros), Dinamarca (1.353) y Suecia (933). Como señala Hertfelder “Los próximos Presupuestos Generales del Estado van a disminuir ese tanto por ciento destinado a las familias”.Y añade que las diferencias entre España y el resto de Europa son abusivas.
Desde el punto de vista de la política fiscal la media europea está en torno a los 120 euros al mes por hijo de deducción. Mientras que en España la deducción es de 24,25 euros. Nos superan todos los países de la UE-15 salvo Portugal, con 23 euros, y Grecia, con ocho. Luxemburgo (216 euros), Irlanda (166) y Alemania (164) son los que más ayuda aportan.
Aparte, en tres de cada cuatro países de la UE-27 estas prestaciones tienen carácter universal. Sin embargo, en España es necesario no superar el límite de renta de 11.264 euros. De ahí que muchas familias se queden sin la ayuda, por no llegar a este mínimo anual de renta. Surgiendo de esta manera la discriminación entre las familias de cada país. Por ejemplo, una familia con dos hijos y con una renta de unos 15.000 euros anuales puede recibir en Luxemburgo una prestación de 471 euros al mes. Esa misma familia no pasaría de recibir en torno a 50 euros en España.
La ayuda de 24,25 euros lleva años anclada. Incluso la paga de 100 euros para madres trabajadoras con niños de 0 a 3 años, creada en 2003, ni se ha actualizado ni se le ha incrementado el IPC. Y sigue sin haber solución para las más perjudicadas, que son las madres que están en el paro, madres con excedencia que no tienen derecho a las ayudas.
No es posible alcanzar las políticas más avanzadas de conciliación familiar. La legislación española concede 16 semanas por baja maternal, mientras que la media en Europa es de 25,3. Con todo, dos de cada tres países no alcanzan esa cifra. Así, hay cinco países con un permiso amplio, Suecia, Bulgaria, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia, que están cerca de superar el año. El resto está entre 3 y 7 meses.
No es posible alcanzar las políticas más avanzadas de conciliación familiar. La legislación española concede 16 semanas por baja maternal, mientras que la media en Europa es de 25,3. Con todo, dos de cada tres países no alcanzan esa cifra. Así, hay cinco países con un permiso amplio, Suecia, Bulgaria, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia, que están cerca de superar el año. El resto está entre 3 y 7 meses.
Y lo que es más grave, cuando un Gobierno disminuye sus ayudas y, además, crea leyes regresivas, ya no es abandono a las familias, sino ser anti familia. Y como dice el art 39 del Capítulo 3 (De los Principios rectores de la política social y económica) del Titulo I de la Constitución Española, los poderes públicos (gobierno y administraciones públicas) deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Por lo que la constitución configura a la familia como un pilar base digno de protección.
El Instituto de Política Familiar apunta en su informe que hay correlación, de tipo inverso o negativo, entre el gasto social dedicado a la familia y la tasa de riesgo de pobreza infantil. De hecho, a medida que aumenta el nivel de ayuda a las familias disminuye el riesgo de pobreza entre los menores. De acuerdo a la aportación española del 1,2 por ciento del Producto Interior Bruto, las posibilidades de empobrecimiento de los menores de 18 años estarían en torno al 24 por ciento, según señala el citado Instituto. En el lado opuesto, Dinamarca, que aporta un 3,7 por ciento, provocaría que el riesgo sea sólo del 10 por ciento.
En conclusión, independientemente de la consideración que tengamos de la familia (tradicional, u otras), ¿No creen ustedes conveniente un cambio en la legislación para mejorar la situación económica sobre todo de la familia? Es una obligación de los poderes públicos. Que no sea susceptible de recurso de amparo no implica una minoración en importancia de este deber que impone la Constitución.
JIV
En conclusión, independientemente de la consideración que tengamos de la familia (tradicional, u otras), ¿No creen ustedes conveniente un cambio en la legislación para mejorar la situación económica sobre todo de la familia? Es una obligación de los poderes públicos. Que no sea susceptible de recurso de amparo no implica una minoración en importancia de este deber que impone la Constitución.
JIV
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