Bueno, tras mucho tiempo sin saberlo, ya sabemos cuando van
a ser las elecciones. El 20 de diciembre, atípico ¿verdad? No obstante, nada
atípico si vemos el sujeto que lleva el cargo de presidente de gobierno. Con
unas razones, que puedo adivinar, pero que, a mi juicio, son inexplicables.
La razón que da para ponerlas el 20-D en vez del 13-D, o
mejor dicho, la excusa, es que si fueran antes "habría que constituir el
Parlamento en plenas Navidades". En otras palabras, no privemos de sus
señorías de vacaciones que su confort y felicidad vale más que las de los
ciudadanos. Aunque esta actitud a estas alturas no me sorprende.
La segunda razón, deslizada por Rajoy es que no habría
margen para elaborar los PGE, pues habría que disolver las cortes el 20 de
octubre, casi a la vez que termina la votación de los citados presupuestos.
Estas prisas previas (que nos pilla el toro) es una de las
críticas dirigidas contra el partido de gobierno, ya que tras las elecciones,
habrá que alterar tales presupuestos con toda seguridad. ¿Cual es el empeño
entonces en atrasar la fecha de las elecciones lo más tarde posible? No hay
razones de responsabilidad financiera, sino de pura irresponsabilidad
institucional. Como estamos en elecciones, estos presupuestos no son otra cosa
que un auténtico programa electoral, por eso se explica el aumento del gasto y
distanciarse de la austeridad y los recortes (pensando que el ciudadano español
es poco inteligente y no se acuerda de los recortes previos). Por eso su
tramitación es irrenunciable.
Y la última de las hipótesis es que en el 20-D los
funcionarios y demás empleados públicos habrán cobrado la paga de Navidad y el
25% de paga extra de 2012 que el gobierno pretende devolverles en este año. Otra
medida electoral que aspira a captar el voto de los funcionarios, destinada a
ser una compra indirecta de votos con cargo al contribuyente.
En resumidas cuentas, el 20-D no responde a otro objetivo
que un interés partidista: disfrutar de unas navidades plenas, aprobar los PGE
como reclamo electoral e instrumentar el erario público para atraer el voto de
funcionarios y empleados públicos. Una vez más, se demuestra que el Estado no
es un instrumento que defienda el interés general, sino que actúa en defensa de
lo que podríamos llamar la "casta" (élites partidistas, lobistas,
redes clientelares o burocráticas).
Es una pena.
Y así nos va,
JIV
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