Para concluir estas sucesivas exposiciones sobre el Caso Garzón, y para que el lector pueda formarse una opinión libre de injerencias políticas, voy a concluir mi exposición sobre el citado caso.
El juez Garzón es un juez mediático, eso no cabe duda. Pero también es una figura política, pues llegó a ser número 2 por Madrid y ministrable para el ministerio que ahora ostenta Gallardón, cuando gobernaba el PSOE de Felipe González. Sin embargo éste último ya le apartó, y fue cuando volvió a la Audiencia Nacional y desempolvó de la cajonera lo de los GAL (que, por cierto, lo tenía guardadito). Lo que a la postre le costó el gobierno al PSOE.
Mezclar política y judicatura no es algo extraño (aunque sí debería serlo) en el mundo de la judicatura. Sin embargo, los jueces que son políticos, que los hay, no vuelven a su anterior puesto. Esta es la norma no escrita. Garzón la incumplió. Lo que le ha generado enemigos dentro del mundo de la judicatura y la magistratura.
No obstante, Garzón durante la etapa de Zapatero volvió a la carga otra vez con la política. Tratando de que el nuevo ejecutivo socialista le fichara como ministro de justicia, para eso abrió el la caja de Pandora (la guerra civil y la “des-memoria” histórica); pero tampoco cuajó; y el proceso que abrió lo cerró (como ya comenté).
La cuestión más importante que muy pocos plantean es la siguiente. La presión que reciben los jueces y tribunales de este país ante casos mediáticos es injusta y que puede contravenir su independencia a la hora de juzgar. Y eso es lo que está pasando en este caso, la presión mediática que está recibiendo el Tribunal Supremo (que es superior a la que recibe el Constitucional con decisiones mucho más serias y trascendentes para la Nación) es indignante.
De un lado los que defienden al juez. Curiosamente, en ningún momento propugnan su inocencia (que debe ser lo normal en estos casos) para los tres procedimientos que tiene abiertos. Sólo hacen ataques indecentes a la justicia y presionan, a su modo, buscando juristas extranjeros que (serán muy buenos en su especialidad, pero desconocen la legislación penal española) le defiendan, presionen al Supremo y otros actos deleznables. En ningún momento hablan de que los hechos que se le imputan no sean delito, sino sólo genéricamente hablan del franquismo y sus influencias (menuda ojeriza y eso que ya han pasado casi 40 años). Curiosamente no dicen nada cuando se declaró incompetente para juzgar los crímenes cometidos por la República en Paracuellos (¿Es que las vidas que mataron no valen para ellos?); no entraré en este debate que es ponzoñoso (y que el lector me disculpe si no soy del todo objetivo como debiera).
Como si el franquismo tuviera influencia a la hora de enjuiciar delitos. Porque no sólo es lo del franquismo, son los otros casos (uno relacionado con un influyente banquero).
De otro lado, los que presionan al Supremo para que condene a Garzón. Por los tres casos o por uno de ellos. Independientemente de si es delito o no. Algo que, también, debe indignar a uno. Porque éstos tampoco arguyen culpabilidad, sino condena. No aportan pruebas y encima defienden la presunción de culpabilidad y no la de inocencia en este caso. Como si el acusado tuviera que probar su inocencia (cuando es la parte actora la que tiene que demostrar la existencia de delito).
El Tribunal tiene una papeleta difícil. Ya expliqué mi opinión al respecto para cada caso. Y sólo en uno de los tres casos veía yo indicios de delito (el de las escuchas a los abogados). Siendo de todas formas una decisión compleja la que tiene que tomar el Supremo, pues debe dilucidar si hay pruebas suficientes para condenar al juez; ya que en caso de duda razonable deberán declararlo no culpable (como lo de Camps, que ya hablaré también de ello).
JIV
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