Ante
la nueva reforma educativa del PP aprobada hace unos días, reclamo para la
sociedad civil el derecho a poder educar a sus hijos en libertad. Esta reforma
sólo satisface parcialmente los requisitos para una educación en y para la
libertad al dotar de algo de flexibilidad al modelo en cuanto a competitividad
y calidad educativa. Ello permitirá a las universidades la oferta de Grados de
tres años que darán acceso a másteres oficiales de dos años, en vez de carreras
de cuatro como las actuales. Esta opción es similar a la de muchos países de
nuestro entorno pero no supone ningún tipo de avance en la tan necesaria
desregulación, ni liberaliza el sector educativo universitario español. La
Secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, ha resaltado como punto muy positivo
el potencial ahorro para las familias y para las arcas públicas al eliminar los
150 millones de euros que hasta la fecha se gastaban en ese año lectivo
adicional. El ahorro en tasas y demás gastos universitarios derivados será
beneficioso, siempre y cuando, ese dinero de verdad no les sea expoliado a las
familias por otras vías, como ocurre siempre que el Gobierno anuncia una nueva
reforma supuestamente para reducir el gasto público.
Creo que se debe defender la libertad para el ámbito educativo y uno debe alegrarse
(parcialmente y con cautela) que de que el Estado por fin reconozca que la
flexibilidad es necesaria en la educación universitaria. Aunque considero insuficiente esta reforma pues no devuelve la
universidad a la sociedad civil, es decir al libre mercado educativo. Entiendo que el libre mercado
educativo es aquel marco en el cual coexisten un sinfín de entidades privadas,
con y sin ánimo de lucro como por ejemplo las cooperativas, que compiten
libremente por atraer a los estudiantes y a los profesionales docentes a su
proyecto. La superioridad de la
educación privada ha quedado claramente demostrada, tanto en calidad
como en resultados, por los rankings
internacionales que así lo demuestran, por la elección de muchas familias no
siempre ricas, y por último, también porque los propios dirigentes colectivistas (líderes sindicales, de partidos,
principalmente) que defienden a ultranza una educación pública para el resto,
cuando se trata de sus propios hijos eligen llevarlos a los mejores centros
educativos privados.
Mientras que la
universidad estatal o pública española es de las peores valoradas a nivel
mundial, nuestras universidades
privadas despuntan como es el caso del IE Business School, en el tercer lugar a
nivel Europeo y el octavo a nivel mundial. Cuando el Estado controla la
universidad, la politización de la educación es la consecuencia directa de ese
control. Y esta politización significa que la visión ideológica colectivista de
un grupo de poder concreto siempre primará por encima de los fines individuales
y/o conjuntos de los estudiantes y del personal docente. Así pues, surge una
nueva casta: la casta universitaria. Ésta tenderá siempre a defender hasta las
últimas consecuencias el inmovilismo de la escuela pública impidiendo por tanto
el progreso porque es la única manera de mantener su monopolio y por tanto su
poder.
Los diferentes apparatchiks nacidos en el seno de la casta,
como hemos podido ver con el reciente caso de los dirigentes de Podemos, dan una clara idea de cómo funciona en realidad la universidad estatal
española. Los planes de estudios se hacen pensando en las cuotas de poder de
los profesores de la casta universitaria, cuotas que luego les permitirá
colocar a dedo a los suyos. Los departamentos
de estudio se convierten por fuerza en sus particulares reinos de poder sin
conexión directa con el mercado real donde los estudiantes deberán
integrarse cuando salgan de la universidad.
La universidad pública española es un mero laboratorio de
ingeniería social de los colectivistas. Y el buque insignia de este masivo lavado de cerebro de nuestros
estudiantes lo demuestra el movimiento del profesor universitario, Pablo
Iglesias. Podemos, que ha sabido aprovechar la universidad estatal para su
propio fin inoculando durante décadas en las mentes de los estudiantes el
discurso comunista que ahora disfraza de democracia 2.0. Pero si nos
paramos a leer sus propuestas encontraremos una coincidencia total con las
mismas que condenaron a sociedades enteras a feroces dictaduras comunistas, es
decir a la miseria, inseguridad jurídica y física, y a la muerte.
Debo invitar al lector a unirse en la reflexión sobre la
importancia de la educación. Hay que llamar a la sociedad civil a recuperar su libertad educativa y a no dejar la educación en las manipuladoras
manos de políticos con intereses partidistas y electoralistas de corto
plazo. La educación universitaria de mejor calidad y mayor competitividad sólo
puede surgir en libertad. En la propia sociedad civil confluyen de forma
ordenada y espontánea las miles de voluntades individuales que la forman. Es
así, y de ninguna otra forma, como se pueden atender las necesidades e
intereses de estudiantes, familias y personal docente. Todo ello para que nuestros
hijos tengan un futuro próspero que sólo podrán alcanzar teniendo una formación
de calidad. Y por ello, propongo a la
sociedad civil que el Estado deberá hacer más bien poco, limitándose a ser el
garante de la universalidad de acceso a la educación, para que nadie se quede
descolgado de la universidad por motivos económicos. Mientras que en el
actual modelo, el Estado actúa como un arrogante legislador a la vez que como
un gestor mediocre, corrupto y caro, de los servicios educativos.
Hay quienes defienden la educación estatal porque consideran
que sería inaccesible para muchas familias si no se pagase con los actuales
altos impuestos y mucha deuda, que es la fórmula empleada por el mal llamado
Estado del Bienestar (nada es gratis). Sin embargo, esto es una convicción
errónea inoculada en la mente de los ciudadanos mediante el adoctrinamiento
socialdemócrata. En este sentido todos
consideramos que una buena educación es esencial y puede costar bastante, pero,
y precisamente por eso, no hay motivo para encarecerla aún más dejándola en las
manos despilfarradoras de ese carísimo aparato burocrático llamado Estado.
La educación debe
ser devuelta a los ciudadanos, para que la puedan gestionar de forma directa
mediante los diversos tipos de entidades civiles privados, que han demostrado
funcionar con éxito e infinitamente mejor que las estatales, dependientes éstas
últimas de la voluntad de los políticos de turno y de su interés electoral del
momento.
Sólo así nos irá
mejor.
JIV
1 comentario:
Todas las protestas que se originan en la universidad (también en el resto del sistema de educación pública), nada tienen que ver con la calidad de la enseñanza, esto solo es la excusa de siempre, que además, es risible dados los niveles de calidad de nuestra enseñanza.
Los profesores son un colectivo privilegiado, algunos de ellos trabajan de 4 a 6 horas semanales, sin preparar las clases y dictando apuntes, incluso se pasan meses sin dar clase. Ellos dicen que el resto del tiempo lo dedican a actividades relacionadas, pero solo están en sus despachos en las horas de tutoría.
Claro, el abuso del chollo, les ha llevado a creer que se trata de un derecho y lo defienden a capa y espada, ahora, si se suprime otro año de carrera, peligran puestos.
La calidad del profesorado es bajísima, algunos cometen faltas de ortografía y lo que es peor, el profesorado se origina en la propia universidad sin que tengan opción alguna los grandes profesionales que después de una exitosa carrera deberían integrarse en el profesorado para enseñar sus conocimientos.
En fin, tienes razón en lo de la casta universitaria, peor incluso que la política.
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