POR UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y DE CALIDAD

Ante la nueva reforma educativa del PP aprobada hace unos días, reclamo para la sociedad civil el derecho a poder educar a sus hijos en libertad. Esta reforma sólo satisface parcialmente los requisitos para una educación en y para la libertad al dotar de algo de flexibilidad al modelo en cuanto a competitividad y calidad educativa. Ello permitirá a las universidades la oferta de Grados de tres años que darán acceso a másteres oficiales de dos años, en vez de carreras de cuatro como las actuales. Esta opción es similar a la de muchos países de nuestro entorno pero no supone ningún tipo de avance en la tan necesaria desregulación, ni liberaliza el sector educativo universitario español. La Secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, ha resaltado como punto muy positivo el potencial ahorro para las familias y para las arcas públicas al eliminar los 150 millones de euros que hasta la fecha se gastaban en ese año lectivo adicional. El ahorro en tasas y demás gastos universitarios derivados será beneficioso, siempre y cuando, ese dinero de verdad no les sea expoliado a las familias por otras vías, como ocurre siempre que el Gobierno anuncia una nueva reforma supuestamente para reducir el gasto público. 

 

Creo que se debe defender la libertad para el ámbito educativo y uno debe alegrarse (parcialmente y con cautela) que de que el Estado por fin reconozca que la flexibilidad es necesaria en la educación universitaria. Aunque considero insuficiente esta reforma pues no devuelve la universidad a la sociedad civil, es decir al libre mercado educativo. Entiendo que el libre mercado educativo es aquel marco en el cual coexisten un sinfín de entidades privadas, con y sin ánimo de lucro como por ejemplo las cooperativas, que compiten libremente por atraer a los estudiantes y a los profesionales docentes a su proyecto. La superioridad de la educación privada ha quedado claramente demostrada, tanto en calidad como en resultados, por los rankings internacionales que así lo demuestran, por la elección de muchas familias no siempre ricas, y por último, también porque los propios dirigentes colectivistas (líderes sindicales, de partidos, principalmente) que defienden a ultranza una educación pública para el resto, cuando se trata de sus propios hijos eligen llevarlos a los mejores centros educativos privados.

 

Mientras que la universidad estatal o pública española es de las peores valoradas a nivel mundial, nuestras universidades privadas despuntan como es el caso del IE Business School, en el tercer lugar a nivel Europeo y el octavo a nivel mundial. Cuando el Estado controla la universidad, la politización de la educación es la consecuencia directa de ese control. Y esta politización significa que la visión ideológica colectivista de un grupo de poder concreto siempre primará por encima de los fines individuales y/o conjuntos de los estudiantes y del personal docente. Así pues, surge una nueva casta: la casta universitaria. Ésta tenderá siempre a defender hasta las últimas consecuencias el inmovilismo de la escuela pública impidiendo por tanto el progreso porque es la única manera de mantener su monopolio y por tanto su poder.

 

Los diferentes apparatchiks nacidos en el seno de la casta, como hemos podido ver con el reciente caso de los dirigentes de Podemos, dan una clara idea de cómo funciona en realidad la universidad estatal española. Los planes de estudios se hacen pensando en las cuotas de poder de los profesores de la casta universitaria, cuotas que luego les permitirá colocar a dedo a los suyos. Los departamentos de estudio se convierten por fuerza en sus particulares reinos de poder sin conexión directa con el mercado real donde los estudiantes deberán integrarse cuando salgan de la universidad.

 

La universidad pública española es un mero laboratorio de ingeniería social de los colectivistas. Y el buque insignia de este masivo lavado de cerebro de nuestros estudiantes lo demuestra el movimiento del profesor universitario, Pablo Iglesias. Podemos, que ha sabido aprovechar la universidad estatal para su propio fin inoculando durante décadas en las mentes de los estudiantes el discurso comunista que ahora disfraza de democracia 2.0. Pero si nos paramos a leer sus propuestas encontraremos una coincidencia total con las mismas que condenaron a sociedades enteras a feroces dictaduras comunistas, es decir a la miseria, inseguridad jurídica y física, y a la muerte.

 

Debo invitar al lector a unirse en la reflexión sobre la importancia de la educación. Hay que llamar a la sociedad civil a recuperar su libertad educativa y a no dejar la educación en las manipuladoras manos de políticos con intereses partidistas y electoralistas de corto plazo. La educación universitaria de mejor calidad y mayor competitividad sólo puede surgir en libertad. En la propia sociedad civil confluyen de forma ordenada y espontánea las miles de voluntades individuales que la forman. Es así, y de ninguna otra forma, como se pueden atender las necesidades e intereses de estudiantes, familias y personal docente. Todo ello para que nuestros hijos tengan un futuro próspero que sólo podrán alcanzar teniendo una formación de calidad. Y por ello, propongo a la sociedad civil que el Estado deberá hacer más bien poco, limitándose a ser el garante de la universalidad de acceso a la educación, para que nadie se quede descolgado de la universidad por motivos económicos. Mientras que en el actual modelo, el Estado actúa como un arrogante legislador a la vez que como un gestor mediocre, corrupto y caro, de los servicios educativos.

 

Hay quienes defienden la educación estatal porque consideran que sería inaccesible para muchas familias si no se pagase con los actuales altos impuestos y mucha deuda, que es la fórmula empleada por el mal llamado Estado del Bienestar (nada es gratis). Sin embargo, esto es una convicción errónea inoculada en la mente de los ciudadanos mediante el adoctrinamiento socialdemócrata. En este sentido todos consideramos que una buena educación es esencial y puede costar bastante, pero, y precisamente por eso, no hay motivo para encarecerla aún más dejándola en las manos despilfarradoras de ese carísimo aparato burocrático llamado Estado.

 

La educación debe ser devuelta a los ciudadanos, para que la puedan gestionar de forma directa mediante los diversos tipos de entidades civiles privados, que han demostrado funcionar con éxito e infinitamente mejor que las estatales, dependientes éstas últimas de la voluntad de los políticos de turno y de su interés electoral del momento.

 

Sólo así nos irá mejor.

 

JIV