MENUDA PANDA. PORCA MISERIA

El nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Isak Andic, reclamó ayer que los nuevos funcionarios que accedan a la administración puedan ser despedidos como ocurre en la empresa privada. En concreto, el también presidente de Mango pidió que «parte de la remuneración del personal de las administraciones sea variable» y que «la estabilidad laboral sea similar a la de la empresa privada».

Pero, estos señores que cobran más que un simple funcionario, ¿Saben de la existencia de las horcas caudinas que hay que pasar para ser funcionario de carrera? ¿Conocen la historia y el estatuto de la Función Pública? ¿O lo que pretenden es tener personal funcionario dependiente del partido que gobierne como ya pasaba en el siglo XIX (ver Miau, de Benito Pérez Galdós)? ¿Cómo se les ocurre, con 5 millones de parados, hablar de despido, cuando de lo que hay que hablar es de contratación? ¿O lo que pretenden es PRIVATIZAR la Función Pública? ¿Por qué no hablan de la reducción de estructuras políticas, léase ministerios, secretarías de estado, direcciones generales, consejerías, concejalías, etc?

Me parece que tras ver los 200.000 euros anuales que se embolsa la señora de Cospedal, a costa del dinero de todos, este es un debate puramente demagógico y que huele a ideología ultraliberal, asquerosa y repugnante (y que además se aprovecha del Estado para su propio beneficio).

Veamos, Durante el siglo XIX los funcionarios eran clientes del partido gobernante, de modo que a cada cambio de gobierno se cambiaban los funcionarios, con lo que la Administración se paralizaba. Se optó por la profesionalización y se importó el modelo francés con oposiciones y vitalicio. Garantizando así la independencia política de los funcionarios de la administración pública. El sistema tiene muchos defectos (eso hay que reconocerlo), pero garantiza un funcionamiento razonable de la administración pública. Si se pudieran despedir, se volvería al sistema antiguo con funcionarios de partido y si ya en el XIX era un problema, ahora sería el colapso (imagínense la administración paralizada al menos 2 meses). Con el añadido que las mentes más capaces no querrían ser funcionarios (evidentemente) y tendríamos una administración de gente más tonta que los políticos, que ya es decir. El ciudadano ve al tipo de la ventanilla que seguro que es un enchufado (y no es funcionario seguramente), pero no ve a los inspectores y técnicos de Hacienda, que son los que le dan al ministro los deberes hechos (y el que se lleva la gloria es el ministro), ni ve a los miles de funcionarios que sacan adelante el país en cada puesto.

Otra cosa muy distinta, es que se fijen incentivos de productividad (que creo que en algunos casos ya existen) o se fije una retribución por objetivos. Eso de que los funcionarios trabajan poco es un bulo. Puede que en algunos casos (como puedan ser jueces, profesores o ciertos funcionaros de las comunidades autónomas o ayuntamientos), pero en la mayoría trabajan hasta festivos (médicos y fuerzas de seguridad del estado, y el Ejército son claros ejemplos) y cobrando sueldos extremadamente bajos.

La tesis de que en España hay mucho funcionario es también un bulo. Pues en efecto, mucho de estos estudios no sólo cuentan a funcionarios, sino que cuentan a empleados en régimen laboral (con un régimen de acceso muy distinto que el de la Función Pública) que son los que dan mala fama a los funcionaros. Pero es muy, pero que muy curioso que nadie plantee el debate de que en España somos el país de Europa que más altos cargos políticos tiene (contando los del Estado, Comunidades Autónomas, entes provinciales y ayuntamientos) y que en muchos casos el ciudadano piensa que son funcionarios (cuando lo que hay es enchufismo).

El Funcionario tiene un puesto fijo vitalicio. Pero esto no es óbice para la existencia de un régimen sancionador, que al funcionario que no cumpla se puede y se debe sancionarle. Ese régimen sancionador incluye el "despido" (o pérdida de la condición de funcionario). En todo caso lo que hay que hacer es aplicarlo cuando proceda, tratando de eliminar ese corporativismo que es el que, a ciertos cuerpos funcionariales, les está dando mala fama (como los jueces).

La Carta Magna señala en su artículo 103 que la Administración Pública sirve los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Y en su apartado tercero dice: La Ley regulará el estatuto de los funcionaros públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación (sí, algunos funcionarios como los miembros de las fuerzas armadas o jueces no tienen derecho de sindicación), el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.Si la estabilidad laboral de un funcionario va a ser la misma que la de cualquier otro trabajador, entonces se le tendrán que exigir los mismos requisitos, es decir, el libre albedrío e incluso enchufismo de un empresario que hace con “su dinero” lo que quiere y contrata a quien le da la gana (y me parece bien). Pero para ello habría que reformar la constitución.

Me parece un debate sin sentido que no conduce a nada. Y lo único que hace es desviar el debate del problema real: nuestro modelo económico basado en la construcción y el turismo YA NO ES VIABLE A LARGO PLAZO, y la cualificación de los trabajadores (del sector privado).

JIV

P.D.- Si algún lector quiere ampliar más, le recomiendo que se lea mi post del 7 de septiembre de 2009.