En estos días que comienza el curso escolar, y como ex estudiante de colegio (bajo la LODE y la LOGSE del PSOE), observador crítico de la última ley, me veo en la obligación de analizar, brevemente, la situación educacional en España.
Pues bien, la educación se ha visto sometida en España durante los últimos años a la confrontación política y se ha situado en el centro del debate ideológico, entre izquierdas y derechas (o las Dos Españas, como uno prefiera). Las posturas enfrentadas y los debates artificiales con un claro transfondo ideológico han ganado a la reflexión serena y lógica. Y así, se han dejado de abordar los verdaderos problemas, entre otros, el índice de fracaso y abandono escolar, los bajos resultados académicos obtenidos, el desfase de niveles educativos entre las comunidades autónomas (Bienvenidos al “maravilloso Estado de las Autonomías”), los conflictos de convivencia en los centros, la escasa consideración social de la labor del profesorado (falta de respeto y autoridad).
No podemos imputar todos los males del sistema educativo a las leyes de Educación. Pero no es menos cierto que las leyes de Educación vigentes en España desde 1985 tienen grave responsabilidad en los problemas actuales. Se trata, principalmente y sobre todo, del modelo educativo socialista contenido en la LODE, la LOGSE y la LOE, cuyos postulados rebajan la cultura de la exigencia, del rigor y del esfuerzo, como manifiestan los contenidos curriculares y los criterios de evaluación y promoción de curso. Este modelo ha permanecido inamovible a pesar de la sensación de que ha habido continuas reformas. Sin embargo, cada reforma no solo ha llevado a peor el sistema educativo, sino que han creado más problemas (por ejemplo Epc).
En el momento actual, el modelo sobre el que se sustenta la economía española empieza a dar síntomas de agotamiento (paro, falta de productividad y eficiencia, etc.). Ha llegado el momento ineludible de diseñar una estrategia a medio y largo plazo para que la economía española y el bienestar de sus ciudadanos mantengan o incluso incrementen las cotas alcanzadas hasta hoy. La mejor solución para el desarrollo económico y la cohesión social pasa por disponer de un buen sistema de educación y formación para el empleo, un sistema que promueva la calidad en la enseñanza. Los hechos demuestran que los países que ejercen hoy un liderazgo económico, político y social son aquellos que, en su día, decidieron apostar claramente por la educación y la formación de sus ciudadanos (muy especialmente los países nórdicos).
El problema de los alumnos desmotivados es grave y frecuente en España. Más de un 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años no sigue estudiando más allá de la educación obligatoria, con grandes diferencias entre Comunidades Autónomas, frente al 14,8% de la UE 27. Es ésta una estadística preocupante, porque los ciudadanos sin titulación se convierten con más facilidad que el resto en víctimas del desempleo y de la exclusión social (el paro entre los licenciados y titulaciones superiores es claramente inferior al experimentado entre los que no tienen ningún título, ni siquiera FP). Pero el abandono y fracaso escolar no es sólo un problema educativo, sino también social y familiar, cuya máxima responsabilidad en la búsqueda de soluciones corresponde a los poderes públicos. Pero que es preciso contar con la colaboración de los padres en el inculcamiento de los valores que garanticen una calidad humana en las personas.
Aunque en los últimos años hemos ido mejorando, y el porcentaje de alumnos que han conseguido el título de bachiller se ha ido incrementando, es cierto que España no alcanzará los objetivos de la Estrategia Lisboa para 2010.
Desde la implantación de la LOGSE, se ha reclamado un bachillerato de tres años de duración, como los de la gran mayoría de los países de la Unión Europea, que permita que nuestros alumnos lleguen a la universidad sin las carencias actuales. En efecto, un bachillerato de tres años permitiría dosificar mejor la carga lectiva de todas las materias y estaría en la línea de la mayoría de sistemas educativos europeos.
Pero hay que hacer hincapié en que esta etapa educativa no es obligatoria, pero se debería hacer un mayor esfuerzo para mejorar la calidad y la excelencia de este nivel.
A pesar de todo no se han adoptado todas las medidas necesarias y oportunas. Es preciso un cambio hacia parámetros de calidad basados en la valoración del conocimiento, la exigencia en el aprendizaje, la evaluación rigurosa y el esfuerzo como garantía de progreso personal, porque sin esfuerzo no hay aprendizaje. Como ha señalado ya el propio ministro de Educación, estos son valores educativos universales, no exclusivos de determinadas ideologías.
Hay que desechar lo que se ha demostrado poco válido. Es imprescindible aumentar el peso de las materias instrumentales, lectura, escritura y matemáticas, en la enseñanza Primaria, modificar la configuración actual de la Secundaria y prestigiar como merece (pues la LOGSE desprestigió) la Formación Profesional, que debería ser una de las grandes prioridades.
Por último, este curso que comienza debería ser el del pacto de estado por la Educación, sobre el que parece haber un gran consenso social (que no político), que siente las bases para abordar la gran reforma pendiente en nuestro sistema educativo: que cambie su modelo y su estructura y que, además, permita afrontar definitivamente la situación laboral y profesional del profesado, a través de la aprobación de un Estatuto Docente.
JIV
Pues bien, la educación se ha visto sometida en España durante los últimos años a la confrontación política y se ha situado en el centro del debate ideológico, entre izquierdas y derechas (o las Dos Españas, como uno prefiera). Las posturas enfrentadas y los debates artificiales con un claro transfondo ideológico han ganado a la reflexión serena y lógica. Y así, se han dejado de abordar los verdaderos problemas, entre otros, el índice de fracaso y abandono escolar, los bajos resultados académicos obtenidos, el desfase de niveles educativos entre las comunidades autónomas (Bienvenidos al “maravilloso Estado de las Autonomías”), los conflictos de convivencia en los centros, la escasa consideración social de la labor del profesorado (falta de respeto y autoridad).
No podemos imputar todos los males del sistema educativo a las leyes de Educación. Pero no es menos cierto que las leyes de Educación vigentes en España desde 1985 tienen grave responsabilidad en los problemas actuales. Se trata, principalmente y sobre todo, del modelo educativo socialista contenido en la LODE, la LOGSE y la LOE, cuyos postulados rebajan la cultura de la exigencia, del rigor y del esfuerzo, como manifiestan los contenidos curriculares y los criterios de evaluación y promoción de curso. Este modelo ha permanecido inamovible a pesar de la sensación de que ha habido continuas reformas. Sin embargo, cada reforma no solo ha llevado a peor el sistema educativo, sino que han creado más problemas (por ejemplo Epc).
En el momento actual, el modelo sobre el que se sustenta la economía española empieza a dar síntomas de agotamiento (paro, falta de productividad y eficiencia, etc.). Ha llegado el momento ineludible de diseñar una estrategia a medio y largo plazo para que la economía española y el bienestar de sus ciudadanos mantengan o incluso incrementen las cotas alcanzadas hasta hoy. La mejor solución para el desarrollo económico y la cohesión social pasa por disponer de un buen sistema de educación y formación para el empleo, un sistema que promueva la calidad en la enseñanza. Los hechos demuestran que los países que ejercen hoy un liderazgo económico, político y social son aquellos que, en su día, decidieron apostar claramente por la educación y la formación de sus ciudadanos (muy especialmente los países nórdicos).
El problema de los alumnos desmotivados es grave y frecuente en España. Más de un 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años no sigue estudiando más allá de la educación obligatoria, con grandes diferencias entre Comunidades Autónomas, frente al 14,8% de la UE 27. Es ésta una estadística preocupante, porque los ciudadanos sin titulación se convierten con más facilidad que el resto en víctimas del desempleo y de la exclusión social (el paro entre los licenciados y titulaciones superiores es claramente inferior al experimentado entre los que no tienen ningún título, ni siquiera FP). Pero el abandono y fracaso escolar no es sólo un problema educativo, sino también social y familiar, cuya máxima responsabilidad en la búsqueda de soluciones corresponde a los poderes públicos. Pero que es preciso contar con la colaboración de los padres en el inculcamiento de los valores que garanticen una calidad humana en las personas.
Aunque en los últimos años hemos ido mejorando, y el porcentaje de alumnos que han conseguido el título de bachiller se ha ido incrementando, es cierto que España no alcanzará los objetivos de la Estrategia Lisboa para 2010.
Desde la implantación de la LOGSE, se ha reclamado un bachillerato de tres años de duración, como los de la gran mayoría de los países de la Unión Europea, que permita que nuestros alumnos lleguen a la universidad sin las carencias actuales. En efecto, un bachillerato de tres años permitiría dosificar mejor la carga lectiva de todas las materias y estaría en la línea de la mayoría de sistemas educativos europeos.
Pero hay que hacer hincapié en que esta etapa educativa no es obligatoria, pero se debería hacer un mayor esfuerzo para mejorar la calidad y la excelencia de este nivel.
A pesar de todo no se han adoptado todas las medidas necesarias y oportunas. Es preciso un cambio hacia parámetros de calidad basados en la valoración del conocimiento, la exigencia en el aprendizaje, la evaluación rigurosa y el esfuerzo como garantía de progreso personal, porque sin esfuerzo no hay aprendizaje. Como ha señalado ya el propio ministro de Educación, estos son valores educativos universales, no exclusivos de determinadas ideologías.
Hay que desechar lo que se ha demostrado poco válido. Es imprescindible aumentar el peso de las materias instrumentales, lectura, escritura y matemáticas, en la enseñanza Primaria, modificar la configuración actual de la Secundaria y prestigiar como merece (pues la LOGSE desprestigió) la Formación Profesional, que debería ser una de las grandes prioridades.
Por último, este curso que comienza debería ser el del pacto de estado por la Educación, sobre el que parece haber un gran consenso social (que no político), que siente las bases para abordar la gran reforma pendiente en nuestro sistema educativo: que cambie su modelo y su estructura y que, además, permita afrontar definitivamente la situación laboral y profesional del profesado, a través de la aprobación de un Estatuto Docente.
JIV
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