REFORMA EDUCATIVA (II)

A raíz de la reforma educativa que el gobierno pretende impulsar, ayer se produjo una polémica que no entiendo. El ministro habló de españolizar, y se montó una marimorena.

El Diccionario de la Real Academia Española define “españolizar” como: Dar carácter español, (tr) Dar forma española a un vocablo o expresión de otro idioma; (prnl) Tomar carácter español o forma española. En otras palabras, ninguna de las acepciones que los medios de comunicación y partidos señalan u opinan.

 

Siento disentir de la opinión común en este país: el ministro tiene razón. Las políticas educativas llevadas a cabo por los gobiernos nazionalistas catalanes, no sólo el idioma (que muchos hijos de políticos ni siquiera estudian), sino en otras asignaturas como literatura o historia demuestran un adoctrinamiento hacia la causa nacionalista que lleva desde los años 80 gestándose. No hay más que ver la cantidad de jóvenes menores de 40 años manifestarse por la independencia el día de la diada, para darse cuenta de cuánto daño ha hecho la política nazionalista en la educación de los jóvenes. Muchos no sólo apenas saben hablar español, sino que encima adolecen de conocimientos culturales acerca de su historia, deliberadamente tergiversada.

 

Algunos políticos (del PSOE incluido), desconocen lo que la constitución dispone. Pues, en efecto, el artículo 3 de la Carta Magna señala que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Es decir, todos los españoles tienen la obligación de saber español y el derecho a usarla. Derecho que puede analizarse desde su perspectiva negativa, es decir, derecho a no tener limitaciones y coacciones para utilizar el castellano (Algo que los nazionalistas catalanes parecen ignorar).

 

Asimismo, el artículo 9 señala que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Algo que parecen obviar los susodichos partidos nazionalistas. 

 

Así también, el artículo 27.8 señala que “Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes”.

 

El artículo 139 por otro lado, señala que “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. Cosa que no sucede en todo el territorio del Estado (Cataluña por ejemplo).

 

Y por último, y más importante por el tema de que trata, ante el incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las leyes (y también de las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional), el artículo 155 señala “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

 

Parece ser que el gobierno no es consciente de que debe obligar a las comunidades autónomas a cumplir las obligaciones que les corresponden (por elemental principio de jerarquía administrativa). Es triste ver como el gobierno del Partido Popular les está haciendo la campaña a los nazionalistas catalanes con respuestas tardías y suaves (en vez de respuestas rápidas y contundentes). Las declaraciones de ministros como Sáenz de Santamaría, Gª Margallo y Gallardón no hacen más que dar motivos para la independencia de Cataluña y combustible a los nazionalistas. 

 

Así también la oposición (salvo UPyD y especialmente el PSOE) no es consciente de que, para que exista un Estado de Derecho (como propugna la Constitución), es necesario que el gobierno haga cumplir las leyes y en caso contrario tome las medidas coercitivas necesarias para hacerlas cumplir. 

 

Se está dando una imagen al exterior peligrosa. Pues mientras se exige a los ciudadanos cumplir escrupulosamente con las leyes (pagar sus impuestos, respetar las leyes de tráfico, etc.), parece que las administraciones (especialmente las autonómicas) tienen carta blanca para incumplir reiteradamente la legalidad vigente.

 

Y así nos va.

 

JIV