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Decía Cánovas del Castillo que español es quien no puede ser otra cosa. O sea, que España es lo que no puede ser otra cosa.
Se preguntará, querido lector, a qué demonios viene esta frase. Pues muy sencillo, España, a diferencia de los países de su entorno (incluido también los Estados Unidos) no es una democracia (es otra cosa).
Me explico. La palabra democracia viene del griego “demos”, que significa pueblo y “cracia”, poder. Es decir, el poder del pueblo. Le pregunto a usted, lector, ¿En España el poder lo tiene el pueblo? Aún planteada la pregunta de manera bien amplia, me temo que la respuesta es negativa. Entonces, ¿Qué es España? Somos una monarquía parlamentaria, pero no somos una democracia.
El poder no lo tiene el pueblo, lo tienen los partidos y los sindicatos. Ya lo da a entender la Carta Magna, en sus artículos 6 y 7. Por lo que España es una partitocracia. El poder lo tienen los partidos políticos.
Veamos. Si un “barón” o personalidad importante ejerce libremente su libertad de expresión (en nuestro caso Barreda), la maquinaria del partido se pone en marcha y se echa encima de esta persona. Al final, la presión puede con ella y obliga, con ello, a “rendirse” o retractarse. La disciplina del partido, dicen. Los ingleses tienen una forma muy gráfica de definir tal situación (aunque no recuerdo exactamente la frase).
Se critica a muchos países, por ejemplo a Francia o a Estados Unidos, pero es que nuestro sistema de gobierno y parlamentario es un dislate. En otros países se eligen por separado a los dos poderes, al legislativo y ejecutivo, y en Estados Unidos, también al judicial (aunque con matices claro); es decir, hay separación completa y total de poderes. En España no. Hay unas elecciones a las Cortes y al Gobierno; éstas son las que elijen al presidente del gobierno. Si el partido ganador no obtiene mayorías se ve forzado a buscar pactos y apoyos de partidos minoritarios, algo que va en detrimento de la democracia, pero no de la partitocracia. En otros países tal situación no ocurriría, ya que existe la figura de la Segunda Vuelta Electoral (Francia, o Brasil son dos ejemplos), en donde solo participarían los partidos con un porcentaje real suficiente (por ejemplo con un 10%); por lo que si esto ocurriera en España, los partidos nacionalistas serían automáticamente excluidos para la elección del gobierno (ojo, no para las Cortes). Implantar este sistema, a pesar de los costes que pudiera generar, puede mejorar la democracia y debilitar el pernicioso sistema de la partitocracia.
Además, nuestro sistema electoral, la llamada Ley d´Hont es un auténtico despropósito que genera injusticias que van en detrimento de la democracia y de la igualdad. Veamos, los partidos nacionalistas tienen apenas un 10% del electorado (en total, apenas 3 millones de votos) y sin embargo, tienen una representación parlamentaria cercana al 20% (teniendo un poder equivalente a casi 10 millones de ciudadanos). ¿Cómo se come esto? ¿Es que el voto de un madrileño vale menos que el de un catalán, vasco, gallego o canario? Pues me temo que con este sistema así es. Si queremos que este país sea más democrático este sistema debe de desaparecer e implantar un sistema similar al británico (que es entre todos el menos malo).
Asimismo, es precisa una reforma de las Cortes Generales para acentuar más el carácter democrático de la Nación. Para ello, es preciso recalcar que el Senado debe ser, como dice la Constitución, la Cámara de representación territorial, donde estén representadas todas las Comunidades Autónomas (y los partidos regionalistas y nacionalistas) y que el Congreso debe representar (en interpretación de los artículos 66 y 69 de la Carta Magna) al pueblo español en su conjunto (por lo que cualquier partido que no represente al pueblo español no debe de estar).
Es obligación del gobierno y del legislativo (así como de la ciudadanía) promover y exigir tales cambios. Pues, como dice la Carta Magna en su artículo 9.2, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social. Por lo tanto deben remover cualquier ley o sistema que impida la igualdad y la democracia (que no es otra cosa que la participación del ciudadano en la vida política, el poder del pueblo).
Sólo así conseguiremos que España sea una verdadera democracia y no una partitocracia disimulada de democracia.
JIV
Se preguntará, querido lector, a qué demonios viene esta frase. Pues muy sencillo, España, a diferencia de los países de su entorno (incluido también los Estados Unidos) no es una democracia (es otra cosa).
Me explico. La palabra democracia viene del griego “demos”, que significa pueblo y “cracia”, poder. Es decir, el poder del pueblo. Le pregunto a usted, lector, ¿En España el poder lo tiene el pueblo? Aún planteada la pregunta de manera bien amplia, me temo que la respuesta es negativa. Entonces, ¿Qué es España? Somos una monarquía parlamentaria, pero no somos una democracia.
El poder no lo tiene el pueblo, lo tienen los partidos y los sindicatos. Ya lo da a entender la Carta Magna, en sus artículos 6 y 7. Por lo que España es una partitocracia. El poder lo tienen los partidos políticos.
Veamos. Si un “barón” o personalidad importante ejerce libremente su libertad de expresión (en nuestro caso Barreda), la maquinaria del partido se pone en marcha y se echa encima de esta persona. Al final, la presión puede con ella y obliga, con ello, a “rendirse” o retractarse. La disciplina del partido, dicen. Los ingleses tienen una forma muy gráfica de definir tal situación (aunque no recuerdo exactamente la frase).
Se critica a muchos países, por ejemplo a Francia o a Estados Unidos, pero es que nuestro sistema de gobierno y parlamentario es un dislate. En otros países se eligen por separado a los dos poderes, al legislativo y ejecutivo, y en Estados Unidos, también al judicial (aunque con matices claro); es decir, hay separación completa y total de poderes. En España no. Hay unas elecciones a las Cortes y al Gobierno; éstas son las que elijen al presidente del gobierno. Si el partido ganador no obtiene mayorías se ve forzado a buscar pactos y apoyos de partidos minoritarios, algo que va en detrimento de la democracia, pero no de la partitocracia. En otros países tal situación no ocurriría, ya que existe la figura de la Segunda Vuelta Electoral (Francia, o Brasil son dos ejemplos), en donde solo participarían los partidos con un porcentaje real suficiente (por ejemplo con un 10%); por lo que si esto ocurriera en España, los partidos nacionalistas serían automáticamente excluidos para la elección del gobierno (ojo, no para las Cortes). Implantar este sistema, a pesar de los costes que pudiera generar, puede mejorar la democracia y debilitar el pernicioso sistema de la partitocracia.
Además, nuestro sistema electoral, la llamada Ley d´Hont es un auténtico despropósito que genera injusticias que van en detrimento de la democracia y de la igualdad. Veamos, los partidos nacionalistas tienen apenas un 10% del electorado (en total, apenas 3 millones de votos) y sin embargo, tienen una representación parlamentaria cercana al 20% (teniendo un poder equivalente a casi 10 millones de ciudadanos). ¿Cómo se come esto? ¿Es que el voto de un madrileño vale menos que el de un catalán, vasco, gallego o canario? Pues me temo que con este sistema así es. Si queremos que este país sea más democrático este sistema debe de desaparecer e implantar un sistema similar al británico (que es entre todos el menos malo).
Asimismo, es precisa una reforma de las Cortes Generales para acentuar más el carácter democrático de la Nación. Para ello, es preciso recalcar que el Senado debe ser, como dice la Constitución, la Cámara de representación territorial, donde estén representadas todas las Comunidades Autónomas (y los partidos regionalistas y nacionalistas) y que el Congreso debe representar (en interpretación de los artículos 66 y 69 de la Carta Magna) al pueblo español en su conjunto (por lo que cualquier partido que no represente al pueblo español no debe de estar).
Es obligación del gobierno y del legislativo (así como de la ciudadanía) promover y exigir tales cambios. Pues, como dice la Carta Magna en su artículo 9.2, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social. Por lo tanto deben remover cualquier ley o sistema que impida la igualdad y la democracia (que no es otra cosa que la participación del ciudadano en la vida política, el poder del pueblo).
Sólo así conseguiremos que España sea una verdadera democracia y no una partitocracia disimulada de democracia.
JIV
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