Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (1689 -1755), fue un cronista y pensador político francés de la ilustración. Padre de la teoría de la separación de poderes, que es pieza clave de la configuración del Estado contemporáneo.
En resumen para no aburrir al lector. El Poder del Estado recae sobre tres poderes independientes, el poder legislativo (que es quien dicta las leyes), el poder ejecutivo (que es quien ha de hacer cumplir las leyes, esto es, gobernar) y el poder judicial (que tiene la potestad de impartir justicia). Esto supone que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial no deben concentrarse en las mismas manos. Es una teoría de contrapesos, donde un poder equilibra al otro. Y esto quiere decir que un poder no debe de intervenir, ni influir a otro.
Pues bien. En los últimos meses hemos asistido a la quiebra de tal principio, que recoge el artículo primero de nuestra Carta Magna: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. En lo que yo estimo que es una quiebra muy grave de este principio fundamental configurador de un Estado contemporáneo no tiránico.
¿Se acuerdan ustedes cuando los indignados privatizaron una plaza pública? Sí sí, privatizaron la Puerta del Sol. Y lo hicieron sin contraprestación alguna. No hubo detenciones ni identificación de personas. La policía no actuó, porque el ministerio del interior (que por entonces era su titular APR) ordenó que no se actuara contra ellos; aún a sabiendas de que estaban infrigiendo numerosas leyes municipales, autonómicas y estatales. La labor del poder ejecutivo está en hacer cumplir las leyes, haciendo uso de la fuerza coactiva (si es necesario y proporcional) a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué permitieron que estas personas incumplieran la ley?
No entro en el debate de si los indignados tienen razón en sus propuestas o no, o si su tardanza en “indignarse” es inocente o se debe alguna otra razón política subyacente. Cuando yo voy a más velocidad de la permitida el Estado (a través de la Dirección General de Tráfico) me multa. Si yo corto una vía pública sin autorización a ello, la policía me multa o me detiene. Si yo altero el orden constitucional estoy cometiendo un delito. ¿Por qué a esta gente no se le aplica la ley?
El artículo 14 de la Constitución señala que los españoles somos iguales ante la ley, sin discriminación alguna. ¿Por qué a mí se me aplica la ley y sus sanciones y a esta gente no?
Parece ser que a APR no le importa nada el Estado de Derecho. O mejor dicho, le importa un bledo. Y lo peor de todo es que no es lo único que no le importa. Y aun peor, no es el único en este país que le importa un bledo los principios fundamentales que propugna la constitución.
Está claro que en este país el problema más grave no es precisamente el problema económico, sino el otro.
Y así nos va.
JIV
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