Como ya dije en la entrada anterior, el poder ejecutivo tiene la labor de ejecutar y hacer cumplir las leyes. En otras palabras, las administraciones públicas, como expresión de ese poder ejecutivo tienen la obligación de hacer cumplir las leyes. Y las Comunidades Autónomas no son menos. Asimismo, deben respetar el ámbito de los otros poderes (como ya he dicho en la citada entrada).
Pues bien, fíjese bien estimado lector en estas dos noticias, que supongo le serán familiares. La primera data del 9 de agosto, mientras que la segunda es de casi un mes después, del 9 de septiembre.
Lo más grave es que un miembro de una administración pública, el consejero de interior de la Generalidad de Cataluña, Felipe Puig, anima a los ciudadanos a incumplir la ley. En concreto, la que obliga a los ciudadanos a llevar el adhesivo E en la matricula; cuyo incumplimiento constituye una infracción sancionable con multa (ver la segunda noticia).
Curioso comportamiento. ¿Se imaginan ustedes al consejero de interior de otra comunidad animando a los ciudadanos a no pagar impuestos, a no cumplir los contratos o las sentencias judiciales? ¿A qué les parece algo inimaginable, cómico o esperpéntico? Pues esa es mi sensación.
Pero eso no es lo más grave. ¿Se acuerdan ustedes el lío que se montó por una sentencia del TSJ de Cataluña acerca del sistema educativo de tal comunidad? ¿Se acuerdan que la Generalidad catalana se negó a cumplir la sentencia que sólo obligaba al cumplimiento de la Constitución en cuanto al deber del conocimiento del castellano?
El Tribunal Supremo resuelve literalmente: «Como afirma el motivo y en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución.»
Y lo mejor de todo es que APR defiende esa exclusión de hecho del castellano, pues se pone de parte de la Generalidad de Cataluña. Y lo peor es que algunos del PP también.
Ya sabemos el respeto que tienen los políticos y muchas administraciones públicas a la Constitución y a las leyes en general. Y así nos va.
JIV
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