La semana pasada asistimos al episodio más grave de la politización judicial. Cuando, en relación al caso Faisán, el pleno de la sala devolvió todas las actuaciones de vuelta a la instrucción. Tanto APR, como Antonio Camacho están implicados políticamente en el caso.
Esta incomprensible decisión, debida previamente a una argucia legal, que no desestima el caso sino que lo devuelve a instrucción penal es extraña, desde un punto de vista judicial. Según la sala, existen indicios de delito, pero desean que el juez Ruz lo vuelva a instruir. ¿Es que los delitos que imputa el juez Ruz no son los que corresponde al tipo penal que se debe aplicar?
Ruz considera que los tres han cometido dos delitos: de revelación de secretos y de colaboración con banda armada. La apelación a la decisión del juzgado central debía ser resuelta por la sección segunda de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados integrantes, conocidamente, coincidían con el juez instructor del caso. Ahora ya se va entendiendo un poco la maniobra, ¿verdad? El señor Gómez Bermúdez ha decidido saltarse este principio jurisdiccional mediante una prerrogativa que, a mi juicio, es excesiva. Pero entonces, ¿Cuáles son los delitos que se imputan a estos señores? ¿El trabajo de meses del juez Ruz no vale y lo tiene que repetir, como los niños pequeños?
Este curioso arbitrario cambio de criterio del juzgador en pleno proceso (sobretodo en relación con el de colaboración con banda armada), para dirimir un recurso de apelación de carácter ordinario, transmite una sensación de que tanto el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional como algunos otros magistrados tratan de evitar que tanto el actual ministro de Interior, Antonio Camacho, como el anterior, Pérez Rubalcaba, se vean salpicados por un tan grave éste. Correspondía a Gómez Bermúdez el haber velado por la normalidad del proceso, y la independencia judicial del mismo.
Está claro que la decisión ha sido tomada para evitar que el caso salpique al candidato APR, para mal como para bien. Retrasando el fin del proceso unos cuantos meses más. Para que al final el juez Ruz, por hastío o abandono, de un carpetazo al asunto.
Consecuentemente, la independencia judicial es una entelequia, una ficción, no existe.
En conclusión, no hay una estricta separación de poderes, por lo que el estado de derecho en España apenas existe (si es que existe todavía algo).
Y así nos va.
JIV
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